LA PLUSVALÍA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

Como ya sabéis el tema de la plusvalía municipal y su constitucionalidad o no esta de plena actualidad y esta siendo foco de controversia en los Tribunales de nuestro país.

Abordamos este asunto en el post de hoy.

El pasado 11 de mayo el Pleno del Tribunal Constitucional dictó la importante Sentencia nº rec. 4864, referida a la normativa estatal, en la que reitera la doctrina establecida en la Sentencia de 16 de febrero de 2017, nº rec. 1012, y en la Sentencia de 1 de marzo de 2017, nº rec. 6444, referidas respectivamente a la normativa guipuzcoana y alavesa e idénticas a la estatal en la cuestión debatida, ha declarado inconstitucionales y nulos los artículos 107.1 , 107.2.a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales, en la medida en que sujetan al pago del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) supuestos en los que no se ha producido ganancia patrimonial al vender el inmueble por un valor inferior al que se compró.

Ambas sentencias concluyen que los preceptos cuestionados establecen una ficción de incremento de valor que, además, impide al particular toda prueba en contrario, al considerar que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal. Así, la fórmula prevista en la norma para calcular el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana provoca que deba pagarse igualmente en aquellos supuestos en los que el valor de los terrenos no se ha incrementado o incluso ha disminuido.

En consecuencia, «carecía de toda justificación razonable en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica», lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza.

El Tribunal declara parcialmente inconstitucionales y nulos los preceptos de ambas Normas Forales; «únicamente en cuanto sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica», impidiendo a los contribuyentes que puedan acreditar esta circunstancia.

Llegados a este punto, falta por saber cuál va a ser el comportamiento de los Ayuntamientos a la hora de atender las reclamaciones de los contribuyentes. Si bien la mayoría de ellos seguirán exigiendo su pago aun cuando no proceda, obligando acudir a los tribunales para obtener su devolución. No obstante, este comportamiento alejado al pronunciamiento del Tribunal Constitucional irá cambiando en la media en que los pronunciamientos judiciales sean favorables al contribuyente dada la negativa repercusión económica que supone para los municipios devolver no ya lo cobrado indebidamente por la plusvalía municipal sino también los intereses devengados y una más que probable condena en costas.

Véase en este sentido las recientes sentencias dictadas  por el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Cartagena,  por las que se condena al Ayuntamiento de Cartagena a devolver 5.143 euros y 2.580,81 euros que cobro de plusvalía,  en la venta de un terreno por parte de una persona física y una sociedad limitada, respectivamente. Se trata de las sentencias 95/2017, de 30 de mayo, y 101/2017, de 1 de junio.

De este modo se recoge por primera vez en la Región de Murcia la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas (LRHL), declarada por el Tribunal Constitucional en Sentencia de 11 de mayo de 2017. En ambas resoluciones se establece que no es el contribuyente el que tiene que probar que no hubo el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana entre la adquisición y la transmisión sino que es la Administración que recauda la que debe probar su concurrencia.

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